COMPILADO DE FALLOS SOBRE ALIMENTOS


Año 1998

Cesación de la cuota. Efectos de la sentencia. Alimentos atrasados. Costas

1./ La sala A de la Cámara Nacional Civil resolvió que los efectos ex nunc de la sentencia de cesación de alimentos encuentran fundamento en su carácter constitutivo, pues se establece una nueva situación jurídica en razón de los hechos probados en el incidente. La solución contraria, se aclaró, importaría exigir al alimentado la devolución de las cuotas percibidas desde la demanda o desde su notificación, en contradicción con la naturaleza de la prestación, que tiene destino de consumo, pues se dirige a resolver las necesidades del beneficiario. Con posterioridad al pronunciamiento de cesación de alimentos, se agregó, cabe la posibilidad de rechazar el reclamo por cuotas anteriores que permanecen impagas, pues tales cuotas ya no pueden ser exigidas en virtud del cese de la causa que dio origen al crédito. En relación a las costas se dijo que si bien las mismas, en los juicios de alimentos, no deben recaer sobre el alimentado, pues ello importaría gravar la pensión fijada, no corresponde la aplicación de tal principio si la cuota vigente al tiempo de promoverse el incidente de cesación de cuota ya no revestía el carácter de absolutamente necesaria o imprescindible, y cuando con ello se agravaba la situación económica y de salud del alimentante (caso de autos) (Cám. Nac. Civ., sala A, 27-4-97, L. L. 1997-D-9, fallo 95.614).

2. Obligación de los abuelos. Carácter. Alcances

Con el mismo fundamento que los fallos comentados en el Nº 4, página 399, Nº 7, página 380, Nº 10, página 371, Nº 12, página 414, Nº 15, página 435 y Nº 16, página 469 de esta revista, la Cámara Civil, Comercial, Laboral y Paz Letrada de Curuzú Cuatiá resolvió que la obligación alimentaria de los abuelos con respecto a sus nietos, es subsidiaria y por lo tanto, para que la madre de los menores pueda exigir de los abuelos paternos el cumplimiento de dicha obligación, es necesario que ella pruebe no sólo que el padre se ve imposibilitado de cumplir con su obligación alimentaria, sino también la insuficiencia de los recursos de ella y la imposibilidad de procurárselos (Cám. Civ., Com., Lab. y Paz Let. de Curuzú Cuatiá, 21-2-96, Doctrina Judicial 1997-2-777, fallo 11.953).

A su vez, la Cámara Nacional Civil, sala H, resolvió que condenado el padre de las menores a pagar una pensión alimentaria a su favor, para que su incumplimiento determine la efectividad del reclamo subsidiario en contra de los abuelos, es preciso que la actora realice sin éxito todas las gestiones a su alcance para hacer efectivo el crédito, procurando obtener el cumplimiento compulsivo de la condena. No obstante ello, se aclaró, tal circunstancia no conduce a rechazar el reclamo dirigido contra los abuelos, pues razones de celeridad y economía procesal aconsejan que, de resultar infructuoso los intentos de la actora en el sentido expuesto, baste ello para que la obligación recaiga sobre los abuelos. En tal supuesto, se concluyó, el caudal de la pensión debe restringirse a lo que resulte indispensable para sufragar las necesidades más ineludibles del beneficiario. En el caso concreto, se fijó la suma máxima de $ 450 que el obligado subsidiario debía abonar a sus nietas. Este importe sería reducido proporcionalmente en el supuesto de existir un cumplimiento parcial del padre, y sólo se haría efectivo si resultaban infructuosas las diligencias que la demandante efectuara para obtener el cumplimiento de la condena contra el obligado principal (Cám. Nac. Civ., sala H, 7-3-97, L. L. 1997-D-110, fallo 95.656).

Por su parte, la sala A del mismo Tribunal resolvió que la obligación subsidiaria de los parientes de grado más lejano (en el caso, los abuelos paternos del accionado) es de naturaleza condicional, sujeta a condición suspensiva, cuyo nacimiento depende del acaecimiento del hecho futuro e incierto –debidamente probado– de que el principal obligado se encuentra objetivamente impedido de contribuir, o existan reales imposibilidades de concretar el reclamo alimentario en su contra (Cám. Nac. Civ., sala A, 29-5-97, L. L. 1997-E-629, fallo 96.141).

3. Gastos extraordinarios. Tratamiento de ortodoncia

La sala H del mismo Tribunal resolvió que si el tratamiento de ortodoncia del hijo menor de las partes, excede la prestación de cobertura médica mediante la obra social con la que el ejecutado se comprometió en el acuerdo homologado en el juicio de divorcio, el punto se encuentra alcanzado por el concepto de alimentos extraordinarios, pues no fue tenido en cuenta –ni siquiera en forma implícita– al establecer la prestación relativa a los alimentos ordinarios y, además, no se trata de ninguno de los conceptos enunciados por el artículo 372 del Código Civil, constituyendo una erogación que, en principio, no debe ser cubierta de un modo regular, periódico o permanente (Cám. Nac. Civ., sala H, 29-4-97, L. L. 1997-D-437, fallo 95.755).

4. Carga de la prueba. Determinación de la cuota. Obligación conjunta

La Cámara 3ª Civil y Comercial de Mendoza resolvió que la carga de la prueba de la carencia o insuficiencia de medios del alimentante no le corresponde al alimentado, especialmente cuando son hijos menores. Para la determinación de la cuota alimentaria, se agregó, deben ponderarse dos elementos: las necesidades reales de quien peticiona y la posibilidad referida a la capacidad económica del alimentante, que debe ser apreciada con criterio amplio y favorable a lo que se persigue. La obligación alimentaria recae sobre ambos padres, pero en el caso de la madre, se aclaró, esa obligación se atempera cuando ejerce la tenencia donde existe una contribución no pecuniaria que debe valorarse como parte del aporte en beneficio del menor. La formación de una nueva familia por parte del alimentante, se dijo finalmente, debe lograrse sin causar perjuicios a los hijos de su matrimonio anterior, no siendo admisible evitar responsabilidades adquiridas al engendrar la prole con invocación de insuficiencia de recursos (Cám. 3ª Civ. y Com. de Mendoza, 8-4-97, La Revista del Foro de Cuyo 27-1997-267).

En el mismo sentido, fallo de la Cámara Nacional Civil, sala H, del 21 de abril de 1997, publicado en L. L. 1997-F-51, fallo 96.277.

5. Cálculo de la cuota. Exclusión de viáticos. Salario familiar

La sala C de la Cámara Nacional Civil entendió que en el cálculo de la cuota alimentaria no deben computarse los viáticos, pues se presumen consumidos y no son estrictamente remuneraciones, sino gastos de la empresa. A su vez, se dijo que quien paga los alimentos debe percibir el salario familiar, pues su cobro está reservado para el que tiene cargas de familia y afronta las consiguientes responsabilidades. Por tanto, se concluyó, en la cuota de alimentos deben considerarse incluidas las asignaciones familiares y por escolaridad, de modo que no resulta prudente separarlos (Cám. Nac. Civ., sala C, 8-4-97, L. L. 1997-E-675, fallo 96.158).

6. Proceso especial: constitucionalidad. Deber alimentario

En el pronunciamiento dictado por la Cámara Nacional Civil, sala B, se resolvió que la declaración de inconstitucionalidad importa un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico, por lo que la pretensión tendiente a obtener tal pronunciamiento debe contener un sólido desarrollo argumental y contar con fundamentos suficientes como para que pueda ser atendido. De conformidad a ello, se consideró que no satisface los requisitos que tornan viables la declaración de inconstitucionalidad del trámite procesal establecido por la ley para la determinación de la cuota alimentaria, aquel en el cual el quejoso se limitó a invocar de manera general que dicho régimen procesal sería violatorio de los principios de igualdad y del derecho de defensa en juicio, por considerar que incorporaría un írrita discriminación sexual entre el alimentante y la parte actora. Ello, se agregó, resulta a todas luces insuficiente a fin de fulminar la constitucionalidad de los artículo 638 y siguientes del Código Procesal, al no haber especificado de manera clara y concreta en qué consistiría la vulneración invocada. Las normas citadas, se especificó, organizan un procedimiento enderezado a obtener, en el más breve plazo posible, un pronunciamiento que concreta la medida de derecho de la parte necesitada de los alimentos, y si bien el artículo 643 sólo faculta al demandado a acompañar prueba documental y solicitar informes, para cuyo diligenciamiento no podrá postergar el plazo fijado en el artículo 644 para el dictado de la sentencia, con lo cual se persigue evitar se dilate la sustanciación del pleito, se admite que el emplazado ofrezca otras probanzas, siempre que con ello no desnaturalice la esencia sumaria del trámite. En otro aspecto, se dijo que si la esposa trabajó en el hogar, dedicándose al cuidado y conservación del mismo, con la obvia restricción que ello acarreó en orden a sus posibilidades laborales, en tanto que era el marido el único que efectuaba los aportes económicos necesarios para el desenvolvimiento del matrimonio, deberá, producida la ruptura, contribuir al mantenimiento de su cónyuge, puesto que el deber alimentario subsiste entre esposos separados de hecho. Para determinar una suma razonable en concepto de alimento, se concluyó, deben ponderarse entre otros parámetros, no sólo los ingresos del alimentante, sino también su capital, la condición social de las partes, modalidades de vida y características propias existentes durante la convivencia, situaciones éstas que dan una pauta para meritar la capacidad económica del obligado a fin de mantener, dentro de lo posible, el nivel que regía con anterioridad a la separación. Con estos fundamentos, valoradas las circunstancias mencionadas, se procedió a elevar la cuota alimentaria fijada (Cám. Nac. Civ., sala B, 28-5-97, E. D. 174-272, fallo 48.191).

7. Convenios: intervención del asesor de menores. Omisión, nulidad

A la luz de lo dispuesto por el artículo 59 del Código Civil, cuya sanción de nulidad reitera el artículo 494 del mismo cuerpo legal, no resulta ajustada a Derecho la homologación de un convenio de alimentos, si el mismo fue suscripto por la madre representando a sus hijos sin contar con la intervención del Ministerio de Menores, el que tampoco prestó su ulterior conformidad. Ello es así, independientemente de que el convenio atacado haya tenido principio de ejecución. De conformidad a ello, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Quilmes, sala II, revocó la sentencia que con sustento en los artículos 832 y siguientes del Código Civil, homologó un acuerdo transaccional extrajudicial de prestación alimentaria en favor de dos menores, disponiendo que los autos siguieran tramitando según su estado (Cám. Civ. y Com. de Quilmes, sala II, 26-8-97, E. D. 174-686, fallo 48.292; L. L. Buenos Aires, Año 5, Nº 1, febrero de 1998, p. 105, fallo 1623).

8. Alimentos provisorios

El mismo Tribunal resolvió que los alimentos provisorios previstos en el artículo 375 del Código Civil, se establecen con carácter de anticipo de la tutela jurisdiccional del derecho alimentario, independientemente de lo que a posteriori se decida en el proceso. La fijación de este tipo de alimentos, se agregó, también debe hacerse considerando las circunstancias del caso (posibilidades económicas de los alimentantes y necesidades de quien los solicita) apreciándolas con criterio amplio y favorable a la prestación requerida, aunque dada la etapa procesal resulte imposible el análisis pormenorizado de todas las pruebas. Conforme a ello, redujo la cuota alimentaria fijada en tal concepto por el Inferior (Cám. Civ. y Com. de Quilmes, sala II, L. L. Buenos Aires, Año 4, Nº 11, diciembre de 1997, p. 1424, fallo 1586).

9. Prescripción

La sala I de la Cámara Nacional Civil resolvió que el plazo de prescripción de la obligación de pagar las cuotas alimentarias atrasadas, previsto en el artículo 4027, inciso 1º del Código Civil, comprende a las cuotas ya fijadas por sentencia o por convenio, pues el derecho de reclamar la pensión es imprescriptible, porque la acción de alimentos no se funda en necesidades pasadas, sino en las actuales del alimentado. Si bien, se agregó, la avanzada edad de la beneficiaria y la actitud renuente del obligado (presupuestos del caso), podrían considerarse aptos para desvirtuar la presunción que emana del artículo 645 del Código Procesal, impidiendo declarar la caducidad de los alimentos atrasados, tales circunstancias no constituyen causas atendibles para suspender el curso de la prescripción, prevista en el artículo 3980 del Código Civil. Con estos fundamentos, revocó la sentencia apelada, declarando prescriptas las cuotas alimentarias atrasadas (Cám. Nac. Civ., sala I, 29-5-97, L. L. 1997-F-55, fallo 96.278).

10. Convenio de alimentos. Incumplimiento. Astreintes

La Cámara Nacional Civil, sala H, resolvió que si el acuerdo celebrado entre las partes respecto a los alimentos es reciente, no se ha invocado una variación de la situación de hecho considerada por aquéllas al tiempo de emitir su consentimiento y el alimentante ha incurrido en atraso, el apercibimiento de astreintes es ajustado a Derecho en virtud de la índole de la prestación comprometida. Con este fundamento, confirmó la providencia que intimó al alimentante a depositar en término el importe de la pensión, bajo apercibimiento de astreintes (Cám. Nac. Civ., sala H, 29-9-97, L. L. 1997-F-770, fallo 96.497).

11. Indemnización por despido

En breve pronunciamiento la sala F de la Cámara Nacional Civil resolvió que la alimentista no puede participar de la suma que el alimentante ha percibido como indemnización por despido, desde que la misma tiene por objeto permitir el desenvolvimiento del agente mientras carezca de trabajo y hasta que pueda iniciar otra actividad (Cám. Nac. Civ., sala F, 26-5-97, J. A. 1997-IV-47).

12. Hijos mayores de edad que no han concluido sus estudios

En pronunciamiento mayoritario el Tribunal de Familia de Formosa resolvió que la obligación alimentaria de los padres respecto de los hijos subsiste hasta el fin de la educación de estos, es decir, hasta el momento en que su formación les permita afrontar sus necesidades, siempre que los estudios continúen normalmente sin retardo imputable al hijo, de acuerdo con las normas educativas y escolares usuales en la sociedad actual. La prescripción contenida en el artículo 265 del Código Civil, se aclaró, no tiene frecuentemente vigencia en la realidad, pues la presunción de la ley de que el hijo que adquiere la mayoría de edad se encuentra a partir de ese momento en condiciones de bastarse a sí mismo no se compadece con el tiempo que demanda la prosecución de estudios superiores y el ingreso al mercado de trabajo de acuerdo con la formación profesional adquirida. Conforme a estos fundamentos, se entendió procedente la fijación de una cuota de alimentos en favor del hijo mayor de edad que se encontraba cursando estudios universitarios, siempre que éste acredite el desenvolvimiento de la actividad académica en forma regular. El voto en disidencia consideró, en cambio, que la cesación del deber alimentario particular de los padres en favor de los hijos se produce de pleno derecho cuando éstos alcanzan la mayoría de edad (arts. 265, 267, 268 y concs. del Cód. Civ.). En tales circunstancias, se aclaró, los hijos mayores de edad o emancipados sólo podrán reclamar la prestación alimentaria si acreditan de un modo inexcusable, de conformidad con las prescripciones de los artículos 367 y 370 del Código Civil, que se encuentran imposibilitados física o psíquicamente para procurarse medios de subsistencia (Trib. de Familia de Formosa, 2-10-96, Doctrina Judicial 1997-3-512, fallo 12.282; comentado por Novellino, Norberto José, ¿Debe el padre divorciado continuar solventando los estudios de sus hijos llegados a la mayoría de edad?). La solución de la mayoría está consagrada expresamente en la legislación española y francesa y ha sido tenida especialmente en cuenta en los proyectos de reformas al Código Civil.

Fuente: Rubinzal Culzoni

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.